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El Tribunal de Apelaciones revocó a la jueza Giselle Romero García del Tribunal de Primera Instancia en su decisión de ‘no a lugar’ en el caso de la licenciada Mayra López Mulero contra el programa Dando Candela (Telemundo) y su productora ejecutiva, Soraya Sánchez.
Las alegaciones de López Mulero, expuestas por conducto de su representante legal, Juan Marchand Quintero, se basan en el ‘derecho a la propia imagen’, una vertiente estatutaria que se deriva del derecho a la intimidad independientemente de que se sea, o no, figura pública.
De la resolución se desprende que la jueza Romero García vio el caso como uno de censura previa, abusando de su discreción e incurrió en un error de interpretación, actuando en prejuicio y menosprecio del derecho vigente, así como desestimando la causa de acción e ignorando el planteamiento sostenido por López Mulero en el que alega se atentó contra su imagen, se atacó su honra, se mancilló su dignidad y su buen nombre, difundiendo visuales y realizando comentarios que carecían de valor noticioso.
Los hechos se remontan a marzo de 2011 cuando el programa mostró visuales de López Mulero bailando durante unas vacaciones de esta, unos 11 meses antes. Tanto la abogada demandante como su abogado sostienen que al presentar estas imágenes, que entienden pertenecen a la vida privada de la licenciada, el programa buscaba lograr una mayor audiencia y, por ende auspiciadores, lo que se traduce en beneficio económico para la empresa de Sánchez.
En declaraciones previas, López Mulero había indicado que al día siguiente de mostrarse los visuales solicitó, vía carta, que ‘cesaran y desistieran de presentar imágenes de su vida personal y de hostigarla buscando una reacción de su parte’. Según supimos, López Mulero asegura tener pruebas de que, a partir de ese momento, se continuó utilizando su imagen —en relación a su vida privada— para fines comerciales, por lo que decidió demandar a la productora y su compañía.
Metro se comunicó con López Mulero para una reacción, a lo que respondió que ‘no haría expresiones públicas sobre este asunto hasta que no discutiera el alcance de la resolución con su abogado que se encuentra fuera de Puerto Rico’.
Solo añadió que ‘le complace el interés que han mostrado los medios de comunicación en este caso por considerarlo un asunto de mucha relevancia, no solamente para ella, sino para todos los que han sido víctima de este tipo de programas y por el precedente tan trascendental que representa esta resolución del Apelativo’.
De la parte demandada no apelar al Tribunal Supremo, comenzaría el juicio en su fondo. López Mulero solicita ser resarcida por $100 mil, por cada vez que alega le fueron violados sus derechos, situación que afirma ocurrió en, al menos, 17 ocasiones. 
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