Senador Vargas Vidot lanza proyecto para hacer justicia a los exconvictos

El senador independiente José A. Vargas Vidot radicó el Proyecto del Senado 372 para crear la “Ley contra el discrimen por condición social de exconvicto” con el fin de reconocer la condición social de estos ciudadanos como una cobijada bajo las protecciones de la Constitución del Gobierno de Puerto Rico y establecer límites al pasado delictivo en el empleo.

Esta medida pretende hacer justicia a los muchos exconvictos que viven situaciones de discrimen y se ven imposibilitados de rehacer sus vidas por motivo de un pasado del cual ya cumplieron con la sociedad.

Por medio de esta medida en el caso de delitos graves se reduce el periodo en el que aparece el delito cometido en los antecedentes penales a un año desde que cumplió la sentencia, lo que originalmente eran cinco, y en el caso de delitos menos grave, de seis a tres meses.

“Nuestra sociedad le debe a estos ciudadanos esta herramienta que es un mecanismo de transformación de la realidad inmediata de sus vidas una vez cumplen con las leyes del País”, expresó Vargas Vidot, convencido de que este es el primer paso en el proceso de reinserción social, lejos de las múltiples marginaciones a las que son sometidos.

“Insertar al exconfinado al mercado laboral es importante en su gestión de apoderamiento, desarrollando los medios necesarios para subsistir en estos difíciles tiempos. Las estadísticas dicen que si los exconfinados no tienen un trabajo legítimo, tienen más probabilidades de reincidir. Tener antecedentes penales se ha convertido en un lastre para quienes quieren conseguir un trabajo honrado para mantenerse a sí mismo y a su familia”, declaró el senador.

[metaslider id=28136]Tan lacerante es dicha práctica, que el 2 de noviembre de 2015 el entonces presidente Barack Obama, emitió un comunicado exhortando a los miembros del Congreso de EE.UU. a aprobar una pieza legislativa que prohibía la indagación sobre antecedentes criminales durante los procesos de solicitud de trabajos federales. Otras organizaciones como, por ejemplo, Ban The Box, han propuesto legislaciones con el fin de adelantar este esfuerzo.

El Plan para Puerto Rico de la actual administración establece que será prioridad para el gobierno establecer un Modelo Integral de Rehabilitación que propenda al cumplimiento de sentencias, la reinserción social y la minimización de la reincidencia.

“Nos parece el escenario perfecto para presentar esta legislación, que es afín con reducir el dolor y el sufrimiento de ellos, de su familia y de toda la sociedad”, concluyó esperanzado en que esta se convierta muy pronto en Ley.