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El impago llegó.
La situación financiera en Puerto Rico se pone color de hormiga brava cuando hoy lunes se suponía que el gobierno realizara un pago a los acreedores.
Pero, la decisión del gobierno de Puerto Rico de no pagar un vencimiento de la deuda de una de sus corporaciones públicas este fin de semana arrojó una sombra de duda sobre el resto de los $73,000 millones de dólares que se adeudan.
Las consecuencias del impago de $94 millones de dólares, correspondiente a una emisión de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), una institución pública que depende del gobierno, son todavía una incógnita para los puertorriqueños.
El gobierno de Alejandro García Padilla adelantó que no se hará comentarios sobre el asunto y el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), el brazo financiero del Gobierno, tampoco dio detalles de un impago. Para algunos analistas es el primero de la historia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Por su parte, Melba Acosta-Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) afirmó que debido a la falta de fondos destinados para el año fiscal, no se realizó el pago total a la PFC. Esto es una decisión que refleja las preocupaciones series sobre la liquidez del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en combinación con el balance de obligaciones a nuestros acreedores e igualmentemente importante la obligación con la gente de Puerto Rico para asegurar que los servicios esenciales se mantengan”, declaró.
La Isla afronta una difícil situación financiera, con una deuda de unos 73.000 millones de dólares, sobre la cual el primer mandatario, ALejandro García Padilla, dijo hace unas semanas que no podrá pagarse tal y como está acordado.
Sin embargo, el gobierno sostiene que el no poder hacer el pago que vence el lunes 3 de agosto, no constituye un incumplimiento, dado que involucra bonos de obligación moral y no hay requisitos legales para pagarlos. Los economistas refutan ese argumento y aseguran que sería el primer impago en la historia del territorio estadounidense.
Es por ello que el gobierno pidió que el territorio caribeño pueda acogerse al Capítulo 9 de la ley de quiebras federal. Incluso propuesieron una ley de quiebra criolla, lo que fue denegado por el Supremo.
En este momento, Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a EE.UU., no puede acogerse a dicha ley, que le proveería de una herramienta para la reestructuración de la deuda pública, ya que la norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana. Sin embargo, la semana pasada el asunto de la deuda de Puerto Rico llegó a Washington, donde el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, señaló a través de una carta que es favorable a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y a que la isla pueda acogerse al Capítulo 9 del Código federal de Quiebras.
Según han explicado varios economistas, no realizar este pago le hace más daño a la isla y a sus corporaciones que a los mismos acreedores. Los $58 millones que se supone se paguen, irían directo a la corporación financiera publica en la isla, donde unos 900 mil puertorriqueños han aportado dinero a las cooperativas de crédito, asumiendo una pequeña tajada de la deuda.
La oposición asegura no pagar es "un delito"
Por su parte, el líder del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, dijo que es un "disparate" no pagar la deuda y que lo más urgente es sentarse con los acreedores en una mesa para negociar condiciones de pago asumibles.
El pasado viernes el BGF informara de que destinó 169 millones de dólares para el pago del vencimiento de su deuda más inmediata. Sin embargo, El BGF, brazo financiero del Gobierno local, no dio información alguna sobre el vencimiento de deuda de una emisión de su subsidiaria Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por su sigla en inglés) que cumplió el sábado.
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, ya había adelantado la pasada semana que el Ejecutivo cumpliría con todos los pagos de las deudas que vencen a principios del presente mes con la excepción, precisamente, de la que corresponde a la PFC.
Asimismo, Ricardo Rosselló Nevares, aspirante a candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación, señaló que la determinación de la administración García Padilla de no emitir el pago que corresponde a la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público “tendrá el efecto de destruir la poca credibilidad que le quedaba al gobierno de Puerto Rico”.
Ricardo Rosselló reiteró que “la administración actual ha dado pasos concretos desde que tomó posesión en 2013 encaminados a destruir nuestra credibilidad ante el mundo”. Rosselló exhortó al gobernador y a toda la administración a que “no le hagan esto al buen nombre que por décadas ha tenido la isla”. Y añadió que “aun en esta crisis que vivimos existen aquellos que se atreven a apostar por Puerto Rico. No causemos que todo el mundo nos cierre las puertas”.
La legisladora del PNP, Lourdes Ramos, dijo que no pagar a los acreedores la deuda de las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un delito.
Ramos recordó a través de un comunicado a los funcionarios del Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla que en caso de favorecer un impago quedarán sujetos a acusaciones criminales, si se demuestra posteriormente que existía el dinero para cumplir con el vencimiento del pago de la deuda de corporaciones estatales.
La legisladora advirtió que si el PNP resulta ganador en las próximas elecciones generales pedirá responsabilidades a quiénes favorezcan un supuesto impago.
La posibilidad del impago generó incertidumbre en los mercados de deuda y las cooperativas financieras locales, que controlan en sus carteras de inversión buena parte de la emisión de cerca de 94 millones del PFC que vencía el sábado.
Un grupo creado por el gobierno para iniciar el diálogo para iniciar renegociaciones de la deuda y presentar un plan de reforma fiscal a cinco años el 30 de agosto se ha reunido con regularidad. Suárez dijo que hasta ahora, ellos han estudiado 59 propuestas para impulsar la economía de Puerto Rico, incluyendo reformas laborales y de prestaciones sociales, así como asociaciones públicas y privadas.
Fuente: Univision.com y Agencias |
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