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por Gerardo Cordero
Ana Cacho González, la progenitora del niño Lorenzo González Cacho, asesinado el 9 de marzo de 2010, en Dorado, presentó una demanda por daños y perjuicios el pasado 31 de julio contra el titiritero Antulio “Kobbo” Santarrosa, Wapa Televisión y Telemundo Puerto Rico, entre otros, a quienes imputa de un esquema de persecución y hostigamiento en violación a sus derechos constitucionales.
Cacho González, así como Amneris Yvette González y su esposo Charles K. Elías, abuelos maternos del menor asesinado, también figuran como demandantes en el reclamo de una indemnización de al menos $45 millones en daños y perjuicios, presentada en el Tribunal Superior de Bayamón.
Además de Santarrosa, también figuran como demandados su esposa Iris Lugo y J & K Enterprises, productora del desaparecido programa de televisión "SuperXclusivo". También se menciona al actor Héctor Travieso, animador del citado espacio en el que el tema de la muerte del pequeño niño fue recurrente.
Cacho González identifica en la demanda a Santarrosa y Travieso como “figuras principales” en lo que se describe como “esquema de hostigamiento, persecución y difamación” contra ella y su familia por divulgar rumores, insinuaciones, así como comentarios malintencionados en relación a la trágica muerte de su hijo.
Además, Cacho González, su madre y Charles Elías, incluyen entre los demandados al programa "Lo sé todo", difundido también por el canal 4 y a la presentadora Sylvia Hernández Rodríguez, a quien describe como otra “figura principal” en la continuación del esquema centrado en presentación de “información falsa y difamatoria en grave menosprecio a la verdad”.
La demanda, referida a la Sala 503 del Centro Judicial de Bayamón, también incluye entre los demandados a las empresas Telemundo Puerto Rico y ES Televisión, así como al programa "Dando candela", donde alegan se continuó una campaña de difamación contra los reclamantes.
Supuestos derechos violados
Alegan en el documento de 10 páginas que mediante el “esquema de persecución y hostigamiento público” los demandados han tenido el objetivo de “comercializar con la trágica muerte de Lorenzo” para obtener mayor audiencia y, por ende, “beneficio económico de la misma para ellos y sus empresas”.
Esta acción imputada, que destaca se ha prolongado de forma ininterrumpida por más de cuatro años, constituye, según precisan en la demanda una violación al Artículo 1802 del Código Civil, así como violaciones a las disposiciones constitucionales que garantizan protección a los ciudadanos contra ataques a la honra, reputación y vida privada de las personas, según estipulaciones del Artículo 11 Sección 8 de la Carta Magna del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Los demandantes señalan que su reputación ha sido mancillada por difamación y violación de su derecho a la intimidad y exponen que han sido objeto del delito de calumnia, lo que los ha expuesto a “angustias emocionales y sufrimientos mentales” que le han obligado a procurar tratamiento siquiátrico.
En síntesis se trata de tres causas de acción por las que se reclama compensación de $5 millones para cada uno de los demandantes, lo que se traduce en al menos $45 millones de indemnización por los múltiples daños alegados como víctimas de un “calvario ininterrumpido” por parte de un grupo, que según destacan, “no han tenido escrúpulos” para divulgar “información falsa” en su contra.
La demanda fue sometida el 31 de julio de 2014, a las 11:52 a.m., en la Secretaría del Centro Judicial de Bayamón. El 4 de agosto fue referida a la Sala 503, confirmó la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT). Se entiende que por tratarse de un caso que incluye múltiples demandados, el proceso de emplazamiento formal, así como respuestas iniciales a la demanda tomará meses.
En la demanda Ana Cacho González expone que brindaron “amor inconmensurable” a su hijo Lorenzo, así como a sus hermanas, cuya custodia se le retiró poco después del asesinato del menor, un crimen contra el que “no se han presentado acusaciones”.
Cacho González y la abuela materna de Lorenzo, descrita como una segunda madre del menor y las niñas, además del sufrimiento por la trágica muerte del niño, resaltan que sufren “un calvario ininterrumpido”, producto de “rumores, insinuaciones, comentarios malintencionados y acusaciones falsas y difamatorias”, que atribuyen a los demandados.
Como parte de la “comercialización” de la muerte del niño, los demandantes alegan que “movidos por el 'rating' ” se ha incurrido en “actos deleznables” como interrumpirles el libre movimiento, la utilización de micrófonos para grabar conversaciones privadas y la movilización de helicópteros sobre sus propiedades.
Asimismo, en la demanda mencionan que se ha imputado a Cacho González de ser usuaria de drogas, no cooperar con las autoridades que investigan el asesinato de su hijo y perseguir a una trabajadora social asignada al caso, así como lanzar “bolas de humo”, para “desvirtuar la investigación” del caso.
La demanda presentada por Cacho González y sus familiares es la segunda incoada tras la muerte de Lorenzo. La primera fue incoada contra un investigador privado contratado por la familia, después que publicó un libro sobre el crimen del menor.
La jueza Enid Martínez Moya falló a favor de Cacho González, su madre y el esposo de esta, Charles Elías, en la demanda incoada contra el exdetective Milton Rodríguez, quien tendría que pagarle sobre medio millón en daños en relación a la publicación del libro "Caso Lorenzo: Desde mi punto de vista", de la autoría del que fue investigador privado contratado por los demandantes. Después del fallo, Rodríguez anticipó que apelaría la determinación.
En la nueva demanda contra las emisoras de televisión y los productores y animadores de "SuperXclusivo", "Lo sé todo" y "Dando candela", Cacho González está representada por el abogado José Rodríguez Jiménez. En el reclamo, en el que imputan una "actitud temeraria y contumaz" a los demandados, quienes, a pesar de peticiones suyas en cartas para que desistieran de las actuaciones cuestionadas, ignoraron las peticiones e "hicieron caso omiso", se reservan el derecho de ampliar responsabilidades a personas o empresas que consideren vinculadas a los demandados al esquema de daños alegado.
Reaccionan ejecutivos de Wapa y Telemundo
En escuetas comunicaciones, tanto Joe Ramos, presidente de Wapa TV; como Elia Calvo González, del Departamento de Relaciones Públicas y Servicio a la Comunidad de Telemundo Puerto Rico, prefirieron no emitir declaraciones sobre la demanda.
“Ciertamente, hay una demanda que se verá en su momento en el foro correspondiente. Por ahora no vamos a comentar nada más al respecto”, dijo Ramos en un texto escrito.
Por su parte, Calvo González manifestó que “Telemundo Puerto Rico y ninguna de sus producciones locales reaccionan o responden a nada que tenga ver con una situación legal”.
fuente:endi.com
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