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El Gobierno de Puerto Rico advirtió de que el próximo mes de febrero, cuando termina la moratoria que establece la Ley Promesa para que los acreedores puedan demandar al Estado Libre Asociado, no habrá liquidez en las arcas públicas para atender los vencimientos de deuda.
El presidente del Comité de Transición Saliente, el secretario de Estado Víctor Suárez, anunció la publicación hoy de un informe en el que se revelan datos sobre la crítica situación por la que atraviesan las finanzas públicas y que confirma que no se podrá pagar la deuda por falta de liquidez.
El documento señala que para febrero próximo las finanzas públicas presentarán un balance negativo de 2.200 millones de dólares.
La información, disponible en la dirección de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), se difunde tras las elecciones del pasado día 8 que dieron un cambio de Gobierno y a 48 horas de la celebración en la isla de la primera reunión de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por el Congreso en Washington para atender el problema de la deuda.
[metaslider id=28136]Suárez señaló que la información financiera que hoy se difunde ya ha sido discutida con el grupo técnico del gobernador electo, Ricardo Rosselló, y que, mayormente, era pública tras discutirse con miembros del Congreso estadounidense y la Junta de Supervisión Fiscal.
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Señaló que esa información demuestra la necesidad de que la Junta de Supervisión Fiscal autorice acceder al Título 3 de la Ley Promesa para que Puerto Rico continúe cobijado por la moratoria de pago de deuda disponible a través de esa legislación.
El documento financiero detalla entre muchos otros datos que entre 2006 y 2014 la deuda de Puerto Rico aumentó en 29.000 millones de dólares.
El documento destaca que la crisis económica es responsable de que la población de la isla caribeña se haya reducido en un 9 % entre 2006 y 2015, hasta situarse en cerca de 3,5 millones de personas, a lo que se suma un desempleo cercano al 12 %.
Además, según el documento, un 46 % de la población de Puerto Rico se sitúa por debajo del nivel de la pobreza.
La falta de liquidez provocó que en 2016 el Gobierno de Puerto Rico realizara impago a sus acreedores por cerca de 1.400 millones de dólares.
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