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Jennifer A. Marcial Ocasio
El proyecto que da paso a la implementación de una junta de control fiscal para Puerto Rico fue aprobado en la noche del miércoles en el Senado de los Estados Unidos.
La votación final fue de 68-30. Ahora el futuro económico de la isla -territorio estadounidense- solo espera por la firma del presidente Barack Obama.
La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico(Promesa, por sus siglas en inglés), fue evaluada en el Senado bajo el número S. 2328 –aunque es idéntico al 5278 aprobado en la Cámara Baja federal-.
«El Congreso ha cumplido con la obligación constitucional y ahora pido al presidente Barack Obama que firme Promesa inmediatamente», dijo el speaker Paul Ryan, uno de los propulsores de la medida.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla agradeció al Congreso por «el paso necesario para la recuperación de Puerto Rico. En declaraciones escritas señaló que con la aprobación de Promesa, se está «recuperando al país».
«Comenzamos a quitárselo a los acreedores y a devolvérselo a los puertorriqueños. Hoy los puertorriqueños recibieron la oportunidad que se merecen para luchar por su futuro. Aunque imperfecto, este proyecto nos da el acceso a las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones y los pagos a nuestros acreedores. Del mismo modo, nos protege de acciones legales, mientras atendemos con responsabilidad el proceso de reestructuración y continuamos ofreciendo de manera ininterrumpida los servicios esenciales a todos los residentes del país. Promesa nos ayuda a reconstruir nuestra economía”, dijo en un comunicado enviado por La Fortaleza.
De igual forma se expresó Obama: (Promesa) no es perfecta pero es un primer paso crucial para recuperación económica (de Puerto Rico)».
En horas de la mañana, el Senado había votado a favor de cerrar la discusión el debate.
La Cámara de Representantes -que dio el visto bueno a la actual redacción- ya ha inició su receso de verano. Por esa razón, el Senado tenía que aprobar la medida sin enmiendas, para que antes del 1 de julio -cuando vence un pago de 2 mil millones de dólares a los acreedores- Puerto Rico quede protegido de las potenciales demandas que se pudieran presentar por incumplir.
La implementación de Promesa representa un golpe demoledor al concepto de gobierno propio que promovió en su momento la ley de relaciones federales de 1950 y que conservó la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952. A partir del 1 de septiembre, la junta de control fiscal tendría la potestad de tomar decisiones sin contar con el aval del gobierno puertorriqueño, con la justificación de pagar y reestructurar la deuda así como manejar las finanzas de la Isla, ahogada en una deuda que alcanza los 70 mil millones de dólares.
Puerto Rico de cara a vencimiento de bonos
El viernes 1 de julio el gobierno puertorriqueño enfrenta otro vencimiento en el pago a los bonistas, en esta ocasión de unos 2 mil millones de dólares, de los cuales unos 700 milllones corresponden aobligaciones generales.
Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos.
A juicio del Ejecutivo, de no haberse aprobado, «el costo de la inacción hubiese sido devastador».
¿Cómo se establecerá la junta de control fiscal?
Una vez endosada con la firma de Obama, se procederá a seleccionar quiénes serán los miemrbos que la componen.
La junta contará con siete miembros a ser nombrados por el presidente Barack Obama, por un término de tres años. Algunos de sus integrantes deberán ser escogidos de una lista de candidatos propuestos por los líderes de la minoría y de la mayoría en el Congreso. No podrán ser exfuncionarios públicos y deberán tener conocimiento en manejo de bonos, finanzas y leyes. No tendrán sueldo, pero serán compensados por cualquier gasto en el que incurran y podrán contratar a un director ejecutivo que sí tendrá salario.
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