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Perpleja me quedé cuando leí esta noticia y es que ahora los ofensores sexuales registrados que han sido vedados de los portales de redes sociales están contraatacando en las cortes, retando con éxito muchas de las restricciones bajo el alegato de violaciones a la libertad de expresión y su derecho a participar en discusiones comunes en internet.
La batalla legal pone en la balanza la furia pública que generan los crímenes sexuales contra garantías preciadas de libertad individual y los profundos cambios en la comunicación que han generado Facebook, LinkedIn y docenas de páginas de ese tipo.
"Creo que va a ser bien, bien, difícil escribir algo que logre el propósito del Estado de proteger a los niños en internet sin ser lo suficientemente restrictivo como para que sea inconstitucional”, dijo Carolyn Atwell-Davis, directora de asuntos legislativos del Centro Nacional de Niños Pérdidos y Explotados, con base en Virginia.
Hace tiempo que las cortes permiten que los estados establezcan restricciones a los ofensores sexuales convictos que han cumplido con sus sentencias, controlando así donde muchos de ellos viven y trabajan, y requiriendo que se registren con la policía.
Pero el creciente uso de las redes sociales para la comunicación cotidiana hace que surjan conflictos que nunca se habían experimentado. Las prohibiciones usualmente requieren que los ofensores sexuales se abstengan de tener un perfil en una red social o foros de chat, o que usen mensajería instantánea -algunas de las herramientas cibernéticas que los abogados de libertades civiles dicen que se han convertido en instrumentos indispensables para la libertad de expresión.
Luego de evaluar estos pleitos, jueces federales en dos estados han dejado sin efecto leyes, o parte de ellas, que consideraron muy restrictivas. En Nebraska, la decisión permitió que ofensores sexuales se unan a las redes sociales. Y en Louisiana, una nueva ley permite que los ofensores utilicen internet para comprar, leer noticias e intercambiar correos electrónicos. Un caso radicado en contra de la ley de Indiana está bajo revisión.
Las autoridades insisten en que la prohibición atiende un problema real: la necesidad de proteger a los niños de pedófilos que rondan los sitios de internet donde se congregan los menores.
“Ahora es difícil pensar en un ejemplo de un depredador sexual que no utilice algún tipo de red social”, dijo Steve DeBrota, fiscal auxiliar de distrito en Indianapolis, que lleva casos de crímenes sexuales contra menores.
Ruthann Robson, profesor de derecho constitucional de la City University of New York (CUNY), opinó que las prohibiciones de las redes sociales podrían llegar a la Corte Suprema si los jueces deciden que hay un conflicto constitucional.
“Si pensamos que el gobierno puede coartar los derechos de los ofensores sexuales, sin ninguna conexión con el crimen cometido, entonces se puede convertir en un precedente contra cualquiera que sea acusado de un crimen, sin importa qué crimen es”, dijo Robson.
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