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Por María Peña
El gobierno de Puerto Rico evitó este martes caer en el impago pero ya agotó su dinero y, sin auxilio del Congreso, se acerca peligrosamente a una mayor crisis fiscal y humanitaria, afirmaron ante el Senado autoridades de la isla.
“Esta es una llamada de auxilio y es seria. Se nos acabó el efectivo”, dijo a la prensa el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, tras su testimonio ante el Comité Judicial del Senado, donde pidió nuevamente la ayuda del Congreso para reestructurar la deuda pública de $70,000 millones.
“Si me ponen a escoger entre pagar un servicio, o a un maestro, un policía, una patrulla de policía o a un bombero, voy a preferir pagarle a nuestros maestros, nuestros policías y nuestros bomberos que pagar cualquier deuda”, subrayó.
Según el gobernador, Puerto Rico recurrió por primera vez en su historia a una cláusula constitucional de retención de ingresos, conocida en inglés como “clawback”, que le permitirá usar reservas de algunas corporaciones para pagar a bonistas y mantener servicios esenciales.
Mientras, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) indicó que desembolsó $354 millones en principal e intereses a sus acreedores, aunque su presidenta, Melba Acosta Febo, advirtió de que la liquidez de Puerto Rico “está severamente limitada”.
Richard Carrión, principal ejecutivo del Banco Popular, dijo en la vista que, a su juicio, la solución a la crisis yace en tres pilares: la reestructuración de la deuda, una junta de control fiscal y medidas estímulo económico.
Pierluisi: “Basta ya de audiencias”
Por su parte, el comisionado residente de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes, Pedro Pierluisi, consideró que “ya basta de tantas vistas y habladuría” – esta es la quinta este año- y, ante la fuerte posibilidad del impago, el Congreso debe aprobar una legislación que ayude a la isla.
“Aquí vamos a tener impagos de obligaciones de bonos de diferentes entidades del gobierno de Puerto Rico y eso va a desestabilizar la economía aún más, va impedir que la isla tenga acceso a los mercados financieros…estamos camino al impago y eso hay que evitarlo por el bien de Puerto Rico y de EEUU“, señaló.
“Aquí vamos a tener impagos de obligaciones de bonos de diferentes entidades del gobierno de Puerto Rico y eso va a desestabilizar la economía aún más, va impedir que la isla tenga acceso a los mercados financieros…estamos camino al impago y eso hay que evitarlo por el bien de Puerto Rico y de EEUU“, señaló.
Según el comisionado, una auditoría fiscal no evitaría la inminente situación de impago, que perjudicará a los bonistas y terminará en los tribunales como ocurrió en el caso de Argentina.
“Situación grave”
En declaraciones a este diario, el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, coincidió con las autoridades puertorriqueñas en que la situación “es grave”, aunque descartó que EEUU apruebe un plan de rescate financiero.
“La opción para Puerto Rico es la bancarrota o el impago. La creación de una junta fiscal es una buena idea para establecer credibilidad y poder avanzar, pero sí creo que en este momento la bancarrota sería la manera más razonable de negociar una solución… Puerto Rico está anegado en deuda y no tiene salida”, manifestó.
Por su parte, dos legisladores demócratas por Nueva York, José Serrano y Nydia Velásquez, ambos de origen puertorriqueño, también se hicieron eco del senador Durbin sobre la urgencia de actuar ya.
“El problema de estas audiencias es que no tocan el problema fundamental del asunto: el estatus político de Puerto Rico, porque mientras sea una colonia de EEUU, esto es una curita lo que le estamos poniendo”, advirtió Serrano, miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara Baja.
“Si Puerto Rico no paga su deuda, si empieza a cerrar escuelas, creo que llegará a un momento bien difícil que jamás antes hemos visto”, sentenció.
Bonistas: “no somos aves de rapiña”
Carlos Ponce de León, miembro de la asociación de bonistas “Main Street Bondholders”, opinó que lo sensato es tener un mayor control de los gastos fiscales y que una junta fiscal evalúe la “extensión real” de la crisis.
“Mi familia no pasa un buen momento por la crisis económica, y nos llevamos el mal trago de que el gobierno no me respalda después de que pusimos nuestros ahorros al servicio del país”, se quejó.
“El gobierno dice que no tiene dinero, pero no lo sabemos, y el país nos debe devolver la confianza… se ha creado un verso populista en Puerto Rico, pero no somos aves de rapiña”, afirmó.
Crisis humanitaria y fuga de cerebros
La crisis ha agravado la fuga de cerebros de Puerto Rico, que en los últimos diez años ha sido de 300,000 personas, y al año se produce un éxodo de 60,000 personas, es decir entre uno y dos por ciento de la población, lo que a su vez dificulta el desarrollo económico, según Pierluisi.
En ese sentido, Velásquez afirmó que el Congreso “tiene que actuar para evitar una crisis humanitaria” porque la opción es clara: o se resuelve la crisis ahora o habrá un “éxodo de miles y miles de puertorriqueños a EEUU”.
Entre los puertorriqueños que han abandonado la isla figura el economista Félix Malavé Muñoz, quien mostró a la prensa una carpeta con todos sus títulos universitarios y militares y demás credenciales profesionales que, no obstante, no le garantizan empleo en Puerto Rico.
Malavé Muñoz, que emigró a Nueva York en 1991, asistió a la audiencia en el Senado porque tiene familiares en la isla y, según aseguró, le duele la crisis que allí se vive.
“Con la crisis y el problema de criminalidad, no puedo hacer inversiones o establecer una empresa… hay muchos problemas en nuestra isla, es una desgracia y se requieren soluciones urgentes. Es mi isla, mi Puerto Rico y me preocupa mucho lo que está pasando“, puntualizó.
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